Castigan a 41 funcionarios por desvío y abusos

El gobierno federal sancionó a 41 servidores públicos que aprovecharon sus puestos para cometer fraudes, contratar familiares o despilfarrar recursos. Las multas conjuntas superan los 22 millones de pesos y las inhabilitaciones los dejarán fuera de la administración pública hasta por una década.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó la aplicación de sanciones administrativas contra 41 servidores públicos tras comprobarles faltas graves dentro de diversas instituciones del Estado.

Los castigos impuestos van desde los 60 días hasta los 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. A la par, se aplicaron multas económicas que, sumadas, alcanzan los 22.4 millones de pesos.

Estas resoluciones nacen de las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) y la Unidad de Responsabilidades. Durante las auditorías encontraron un poco de todo: trabajadores que mintieron en sus declaraciones patrimoniales, uso indebido de recursos, cobros injustificados y hasta nepotismo.

Las dependencias involucradas incluyen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Cultura, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Los casos más graves bajo la lupa

• Birmex: Aquí se aplicó el golpe económico más fuerte. Dos funcionarios de la Dirección de Tecnologías de la Información fueron inhabilitados por 10 años y tendrán que pagar multas de entre 8.7 y 12.2 millones de pesos. Autorizaron pagos por servicios de un sistema de gestión que nunca se comprobaron, causando un boquete de 20 millones de pesos entre 2018 y 2019.

• Comisión Federal de Electricidad (CFE): Seis trabajadores fueron castigados. Destaca el caso de un funcionario inhabilitado por una década y multado con 450 mil pesos tras chocar y volcar un vehículo oficial. Manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol en horario laboral. Otro empleado recibió 10 años de castigo al no poder explicar de dónde sacó 5.4 millones de pesos que sumó a su patrimonio. Uno más cobró de forma indebida 13 nóminas de prima vacacional.

• Semarnat: Un exfuncionario del área de Participación Social y Transparencia fue despedido, inhabilitado 10 años y multado con 700 mil pesos. En 2018, autorizó de manera irregular el pago de viajes y comidas a una empresa.

• Banjercito: Un trabajador de la Coordinación de Archivos vendió 37 mil cajas de documentos oficiales a una recicladora. Ahora enfrenta 10 años de inhabilitación y una multa de 124 mil pesos.

• Secretaría de Cultura: En una biblioteca de Tulum, un empleado falsificó firmas de asistencia para cobrar sueldos sin ir a trabajar. Recibió 10 años de inhabilitación.

• IMSS y AICM: En Michoacán, una funcionaria de Recursos Humanos firmó el contrato para darle trabajo a su propia hija, lo que le costó tres meses de inhabilitación por conflicto de interés. En el aeropuerto capitalino, tres mandos corrieron con la misma suerte (tres meses) por cancelar una licitación de limpieza en 2022 sin tener la autoridad para hacerlo.

Cada peso desviado, cobrado indebidamente o malgastado por estos funcionarios es dinero que proviene directamente de tus impuestos. Cuando un servidor público abusa de su posición para enriquecerse, regalar contratos o meter a su familia a la nómina, le quita recursos a los hospitales, las escuelas y la seguridad de tu comunidad. Conocer estas sanciones y exigir que se cumplan es la única manera de asegurar que quienes administran el país trabajen realmente para los ciudadanos, protegiendo los servicios públicos que tú y tu familia utilizan a diario.